La cosa es la siguiente: MPX, la empresa del multimillonario Eike Batista, tiene 180 días hábiles para aprobar la tramitación ambiental. Cuando quedaban dos días para que se cumpliera el plazo -y cuando estaba instalada en todos los medios la polémica por Barrancones- la intendenta de la región, Ximena Matas, suspendió el proceso. Más tarde, la Corte Suprema invalidó el cambio de estado de “contaminante” a “molesto” realizado por el ex Seremi de salud de Atacama, lo que hacía entrever que la batalla se estaba ganando contra el complejo termoeléctrico a carbón más grande del país. Pero no.
Nicolás Baeza, el recién asumido nuevo Seremi de Salud de la región decidió volver a paralizar hace unas semanas el proceso, indicando que se definiría en los primeros días de diciembre. Y hoy, nuevamente, volvió a suspender la tramitación de MPX y por si fuera poco le dio un plazo de cinco días a los opositores para hacer sus descargos.
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Patricio Escobar es uno de los abogados que representa a Atacama sin Carbón y a la familia Domínguez -principales opositores al proyecto termoeléctrico- y tuvo la oportunidad de hablar ante la Corema. Las declaraciones a continuación fueron dadas luego de que se diera a conocer el anuncio por parte de la Comisión:
“Se trata de una actuación ilegal del Seremi de Salud y de la Corema, quienes sin contar con facultades legales han actuado para favorecer de manera abierta a MPX. Creemos que la autoridad debe explicar al país por qué esta tarde se ha violado la institucionalidad para favorecer a Castilla.