Después del desastre nuclear en Japón, que ya se ha puesto al mismo nivel que el de Chernóbil, en todo el mundo se está estudiando si seguir utilizando la energía atómica para abastecerse de electricidad. En nuestro país, el ex presidente Ricardo Lagos, otrora férreo defensor de las centrales nucleares, declaró a los medios que después del accidente de Fukushima habría que dejar de pensar en esa posibilidad, pero aun así el gobierno firmó un convenio de cooperación nuclear con Estados Unidos.
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Este país, además de estar entre los que más contaminan en el mundo, tiene armas nucleares y una enorme cantidad de centrales repartidas por todo su territorio, y también han tenido accidentes atómicos, como fue el de la planta Three Mile Island en marzo del ’79. Aunque declaran tener sistemas de seguridad del más alto nivel, esta semana un ex trabajador de la planta de San Onofre, en California, dijo haber sido despedido de la empresa por denunciar problemas de seguridad entre los empleados.
Lo que le dijeron sus jefes a Paul Díaz, fue que las autoridades nucleares “no necesitan que te hagas el héroe”, ya que ante la nula reacción de sus superiores, decidió acudir a los organismos estatales de fiscalización, los que, según denuncia, tampoco hicieron nada. La abogada de Díaz, Maria Severson, dijo que la planta sigue trabajando en las mismas condiciones hoy en día.
Después del desastre en la central de Fukushima-Daiichi, además, se hizo pública otra grave falta al profesionalismo con el que actúan las empresas en torno a la seguridad. Según informaron los medios japoneses, TEPCO, la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio, fue multada en reiteradas oportunidades por falsear los informes de seguridad entregados a las autoridades, que tuvieron que hacer nuevos estudios para notar las graves falta que había cometida la empresa nipona.
Sin ir más lejos, hace algunas semanas comentamos en Veoverde la deficiente política ambiental con que los capitales nacionales y extranjeros mantienen sus industrias en la zona de Ventanas y La Greda, en la Quinta Región de Valparaíso. En sólo tres años, el grupo ASIVA (la asociación de industrias del sector), enfrentó nada menos que 17 sumarios sanitarios por graves violaciones a la política ambiental, como desechar combustibles fósiles en el mar y deficiencias en el manejos de acopios.
La política ambiental chilena es una de las más permisivas del mundo, incluso más permisiva que la estadounidense, que destaca mundialmente por ese factor. Si incluso los países del primer mundo, aquellos que se vanaglorian de su “desarrollo” y de sus eficientes políticas sociales, las empresas pueden cometer graves faltas como falsear informes de seguridad o despedir a empleados preocupados por la seguridad de sus colegas, ¿se imagina cómo funcionaría una planta nuclear en Chile?
Gobiernos que siempre tuvieron un gran apoyo popular, como el de Michelle Bachelet, hicieron lobbys descarados para instalar industrias extranjeras contaminantes en nuestro país; y empresas propiamente chilenas, como CELCO, pagan a los periodistas para que hagan reportajes donde ellos son declarados inocentes. En un país como este, donde, por si fuera poco, el peligro de terremotos es constante y los sismos especialmente fuertes, el tema nuclear no debería ser tema. Pero el acuerdo nuclear está en pie y nosotros, los chilenos, sólo podemos votar cada 4 años.