Agencia Uno

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Ayer les contábamos que el disputado PPD Enrique Accorsi junto a la presidenta de su partido, Carolina Tohá, habían presentado un reclamo formal para que la Contraloría General de la República determinara si había o no conflicto de intereses por parte del presidente Sebastián Piñera en el proyecto de Isla Riesco debido a que posee 785.609 acciones de la empresa Copec, que a su vez es propiedad de del grupo Angelini, uno de los dos inversores en el proyecto minero.

En el mismo post hubo gente que decía que había conflicto de intereses y otros que no, debido a que los 2.500 millones de pesos que representan sus acciones sólo equivalen a un 0,69% de su patrimonio.

Como sea, la Contraloría ha hablado y determinó que no hay un conflicto de intereses por parte del mandatario ni de sus ministros en relación al proyecto de Isla Riesco.

En su resolución señaló: “Los titulares de las Secretarías de Estado que integran el antes mencionado Comité de Ministros se encuentran obligados por la citada ley N° 19.300 a conformarlo y a actuar, en ese ámbito, de conformidad con las competencias específicas que esa normativa les atribuye directamente. De este modo, la integración del referido órgano decisorio no es consecuencia de la calidad de exclusiva confianza que dichas autoridades tienen respecto del Presidente de la República, motivo por el cual las opiniones que ellas manifiesten y las decisiones que el comité adopte no dicen, en principio, relación con los intereses personales del Primer Mandatario”.

Frente a esto, el director de ejecutivo de Greenpeace Chile, Matías Asún, emitió un comunicado en el que destaca:

“El Presidente es uno de los accionistas mayoritarios de las empresas involucradas y por lo tanto sí incrementará su patrimonio en función de la decisión del Comité. Si bien la resolución de contraloría se apega a la letra de la ley 19.300 y asume que los ministros cumplen su función obligados bajo dicha normativa, Greenpeace exige analizar cuándo dichas decisiones tienen, de hecho, consecuencias de aumento de patrimonio del presidente de la República. Más aún cuando desde el ejecutivo se ha dado apoyo a esta iniciativa para la región de Magallanes.

Greenpeace ha insistido en las nefastas consecuencias que tiene el proyecto que no han sido suficientemente ponderadas en la evaluación de impacto ambiental señalando que detrás de este proyecto se esconde el interés de privados por abaratar el costo de la materia prima para sus operaciones termoeléctricas, sin asumir, las consecuencias medioambientales, sociales y de salud pública que ellas traen consigo.

A través de nuestra página web www.greenpeace.cl hemos dispuesto una plataforma digital para que la ciudadanía haga un llamado al Comité de Ministro a no aprobar el proyecto Mina Invierno en Isla Riesco. Ya son 6961 las personas que se han sumado a esta ciberacción.

A escala global Greenpeace ha promovido campañas de urgencia para detener el Cambio Climático. Por lo mismo, la utilización de carbón como fuente de energía es hoy el foco de atención en los principales países del mundo. Según diversos expertos, la carencia de una política energética clara ha permitido una progresiva carbonización de la matriz eléctrica cuyos costos están pagando las familias más vulnerables del país”.

Según el grupo ambientalista “Alerta Isla Riesco” mediante su cuenta de twitter, informaron ayer que el Consejo de Ministros habría sido postergado, aunque todavía no hay una información por parte del gobierno.

¿Qué opinan de la determinación de la Contraloría?

Lee la resolución de la Contraloría.