El diputado demócrata cristiano Sergio Ojeda, y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, investigadora del proyecto HidroAysén, fue el encargado de entregar el informe que consta de 10 puntos en los cuales se resuelve que la aprobación de la mega represa por medio del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, está viciado.
PUBLICIDAD
Hace tres meses fue aprobado este informe por Sergio Ojeda (Democracia Cristiana), Alfonso De Urresti (Partido Socialista), Cristina Girardi (Partido los la Democracia), Enrique Accorsi (PPD), Gabriel Ascencio (DC), Fidel Espinoza (PS) y Hugo Gutierrez de Partido Comunista, obteniendo solo un voto en contra de Cristian Letelier, de la Unión Demócrata Independiente.
En esta ocasión el informe se aprobó en la Cámara de Diputados, por 41 votos a favor, 23 en contra y 12 abstenciones, lo que respalda la investigación, que tiene como acusación más grave el fraude al fisco, negociaciones incompatibles, tráfico de influencias, en donde empresas y funcionarios públicos presionaron para la pronta aprobación de HidroAysén.
Además, se habla de uso de aguas y desconocimiento del trazado eléctrico por parte de las comunidades afectadas, argumentos principales de los siete recursos de protección presentados contra la mega hidroeléctrica, de los cuales 6 fueron rechazados por la Tercera Sala de la Corte Suprema.
Los párrafos más destacados del informe son los que se refieren a:
- “El Gobierno anterior como el actual decidieron, a rajatabla, tramitar este proyecto, con intervención directa incluso de los Ministros del Interior, lo cual representa una intromisión indebida, por la presión que representa para todos los funcionarios del gobierno involucrados en la cadena de decisiones”.
- “HidroAysén ha actuado de un modo inaceptable, desarrollando un conjunto de acciones manifiestamente repudiables (presión y entrega de prebendas a comunidades afectadas; traspaso de ingentes recursos a municipios cuyos Alcaldes debían opinar acerca del proyecto)”.
- “Se requiere que este “lobby” esté expresamente prohibido, debiendo paralizarse toda tramitación que presente estas anomalías. Se requiere, con urgencia, dictar normas que prohíban estas prácticas, so pena de dejar de tramitar los proyectos donde se detecten estas prácticas y, de preservar en ellas, el rechazo del o los proyectos en trámite”.
- “En un acto que sólo puede ser calificado de “fraude a la ley” o engañoso, el titular del proyecto decidió tramitar, de manera separada, el proyecto de generación y el proyecto de transmisión, en circunstancias que, evidentemente, se trata de un solo proyecto, ya que existe interdependencia funcional y física entre ellos, porque la línea de transmisión sólo transportará la electricidad de HidroAysén y la generación de ésta, sólo puede ser conducida por dicha línea”.
- “El conjunto de funcionarios, especialmente aquellos que ostentan cargos de jefatura, a nivel local, regional o nacional, que participaron de actos que contravienen las normas, como ha quedado demostrado en el curso de esta investigación, deben ser reportados a la Contraloría General de la República, de modo que el organismo contralor determine las responsabilidades funcionarias, estableciendo, a futuro, una normativa que inhiba estas conductas. El citado órgano contralor ha tenido un rol pasivo sobre la materia hasta la fecha, lo que podría haber evitado muchas irregularidades que todavía están sin sanción alguna”.
- “La decisión de construcción de la central Hidroaysén entra en colisión con tratados internacionales suscritos por el país, los cuales priman sobre la ley común y que, en este caso no han sido respetados (Convención de Washington). Se requiere que, previamente a la tramitación de este tipo de proyectos, se proceda a un examen de legalidad, compatible con los compromisos suscritos por el país y el principio de buena fe en el cumplimiento de los tratados internacionales”.
- “No es posible continuar con mecanismos que se desentienden absolutamente de la opinión ciudadana. En este caso, resulta público y notorio que la inmensa mayoría de la población, no solo de la región mas afectada, sino de todo el país, ha hecho sentir su disconformidad, lo que deja a la institucionalidad del Estado en una situación precaria, toda vez que ella está, precisamente, destinada a representar el bien común”.
- “Como resulta evidente que el proyecto HidroAysén es una sola unidad indisoluble (generación y transmisión), esta Comisión recomienda que se paralicen la construcción y operación de todas las obras de las centrales aprobadas, mientras no se resuelva el proyecto de la línea de transmisión, atendido la irreversibilidad de los impactos que el proyecto podría causar en la Patagonia y Región de Aysén”.
Finalmente, la Comisión subraya en su informe que se está transgrediendo el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, consagrado en el artículo 19, número 8 de la Constitución. “El Estado no está velando para que este derecho no sea afectado y no está tutelando la preservación de la naturaleza, como lo manda la carta fundamental”.
Esto último es muy importante para una nueva apelación en la Corte. Además, se desprende de todo el documento, que se debería realizar un referendo vinculante, en donde la comunidad afectada tenga la última palabra.
Fuente: CÁMARA APROBÓ INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA DEL PROCESO DE APROBACIÓN DE HIDROAYSÉN (Cámara)