El pez (cado) volvió al mercado: Debate sobre proyecto Ley de Pesca

El 17 de octubre se aprobó finalmente en el Senado la idea de legislar sobre el proyecto Ley General de Pesca y Acuicultura, que modifica, en el ámbito de la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos, el acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y entrega regulaciones para la investigación y la fiscalización, iniciativa impulsada por el actual ministro de Economía y ex senador de la República, Pablo Longueira.

Desde sus orígenes, la iniciativa ha tenido diversos niveles de controversia, tanto o más, que las asignaciones de pesca aprobadas por el congreso entre los años 2001 y 2002. En aquella época también se habló de conflictos de intereses de los propios congresistas y fuimos testigos de las batallas campales que dieron los pescadores artesanales del norte de Chile, con protestas y barricadas en la vía pública, en Arica, Iquique, Antofagasta, sólo por nombrar algunas.

La Ley pretende hacer un uso más racional y sustentable de los recursos marinos, para lo cual plantea la asignación de cuotas a partir de aspectos científicos, y no como ocurre hoy que los propios pesqueros las definen. Para hacerlo se propone crear un Comité Científico que reemplace al actual Consejo Nacional de Pesca. Lo anterior, sin duda, abre un camino de esperanza para la sustentabilidad de este tan valioso recurso. Sin embargo, este esfuerzo se ve empañado por los siguientes elementos fundamentales:

En primer lugar, la asignación indefinida de las cuotas de captura que hoy poseen siete grandes empresas o grupos familiares, lo que significa en la práctica una “privatización” de por vida de los recursos pesqueros del país, lo que desde un punto de vista ético-socio económico resulta inaceptable.

Esta “privatización” de parte importante de los recursos marinos, pone en peligro la actividad pesquera artesanal, que genera parte importante de empleo, y en riesgo de hacer desaparecer o a lo menos generar impactos importantes en los modos de vida y costumbres de estas comunidades pesqueras, que contribuyen a enriquecer la cultura nacional. No es menor que de esta actividad dependa la vida de muchas pequeñas y medianas localidades a lo largo de las costas de todo el territorio nacional.

Segundo, a puertas cerradas la gran industria pesquera acordó con dos confederaciones de pescadores el traspaso de cuotas de pesca. Aquí, en vez de primar la transparencia se realizan acuerdos entre privados, que de algún modo, el gobierno -al hacer vista gorda- ampara. Los recursos pesqueros son un tema país, pues el mar es de todos los chilenos y es el Estado el llamado a garantizar los derechos de todos y todas y por ende fijar las reglas y hacer valer estos derechos, proteger y hacer un uso sustentable de los recursos, generar condiciones para que las grandes empresas, independiente de su actividad y origen, no ahoguen, mermen o destruyan la actividad de los micro y pequeños empresarios, velando, como garante, por la transparencia de los procesos.

Tercero, nuevamente se produjo la no abstención de senadores que poseen acciones en las grandes empresas pesqueras, violando con ello la Ley Orgánica Constitucional, que señala que “los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción”.

Evidentemente, parece que a algunos de nuestros legisladores poco les importó la transparencia y probidad en este nuevo ejercicio legislativo, contribuyendo aún más al desprestigio de la actividad política, lo que, si no es un problema en sí mismo, trae serias consecuencias: bajos niveles de participación ciudadana en todos los ámbitos de la vida nacional y por lo tanto, escaso nivel de representatividad, del actual sistema.

Por último, y para hacer aún más controversial este proyecto de Ley están las declaraciones del propio Ministro Longueira, respecto a que la iniciativa no infringe en ningún modo el convenio 169, ratificado por Chile el año 2008, que en su artículo N°6 establece el derecho de los Pueblos Originarios a “ser consultados respecto de todas aquellas medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente”.

Y eso aquí ocurre y ya al menos, las comunidades mapuche-lafkenche de Arauco a Hualaihué ya manifestaron su malestar y  rechazo, pues no se ha hecho el proceso de debida consulta. Un tema pendiente para tener en consideración.

El agotamiento de los recursos marinos es un hecho bien sabido por todos y también los desastres ecológicos que ha aportado la gran industria pesquera, sobre todo la de arrastre. Por todo lo anterior creo que el actual sistema de regulación de la Pesca y Acuicultura es nefasto y agudiza los impactos negativos sobre los recursos; pero también es cierto que la rigidez con que se ha actuado, la falta de transparencia y probidad, la monopolización y el no respeto a nuestros pueblos originarios, pequeñas y medianas empresas que sustentan vida, costumbres y cultura de los más diversos rincones de nuestro país, no es el mejor de los caminos para la concreción de acuerdos y consensos que resguarden el bien común de todos los chilenos.

No siempre se puede arreglar la carga en el camino, para ello deben existir garantías mínimas que hoy, al menos, no están a la vista.