La urgencia de avanzar en alternativas integrales para la gestión de residuos: Escenarios y propuestas

La explosión demográfica en los grandes cordones urbanos, la falta de planificación urbana, el complejo y costoso servicio de recolección de residuos, las dificultades logísticas y sanitarias para ubicar sitios de disposición final, son condiciones que se repiten cuando nos referimos a los problemas en la gestión de residuos sólidos en los países de Latinoamérica.

En Chile, se estima que anualmente se generan cerca de 16,9 millones de toneladas de residuos, con un crecimiento estimado de un 42% entre el 2000 y 2009, según reportes de la ex Conama. A nivel local, son las municipalidades (gobiernos locales) las encargadas de gestionar los residuos que se generan dentro de los territorios, como se estipula en la Política Nacional de Gestión Integral de Residuos del 2005.

Y en ello hay dificultades, debido a que en general no hay una planificación estratégica que considere y/o contemple la inclusión de recicladores de base o de medidas de fomento al reciclaje, que reduzcan los costos del servicio. Por el contrario, muchos municipios gestionan sus residuos por medio de la contratación de empresas, lo que implica un desembolso del presupuesto anual entre un 10% a 15%.

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A lo anterior hay que sumar la carga adicional que significa para los municipios la Ley de Rentas II, la cual exime del pago de basura a aquellas propiedades exentas del pago de contribuciones. Esta situación resulta crítica en aquellas comunas de escasos recursos, donde un alto porcentaje de la población queda exenta de este pago, siendo los municipios los que deben asumir ese gasto.

Por el contrario, en aquellas comunas donde su población es más acomodada, un bajo porcentaje de la población queda exenta de los derechos de aseo. Revertir esta situación tiene un alto costo político, pero es importante considerar alternativas para disminuir la brecha entre comunas con alto y bajo nivel de ingresos.

Existen experiencias donde se ha incentivado el reciclaje por parte de la comunidad, otorgando subvenciones a aquellas personas que participan de programas de reciclaje, en el pago de los derechos de aseo. Ello resulta complejo con la actual estructura en el país.

Incluso en países vecinos se han establecido estrategias desde el Estado para minimizar los impactos generados por las dificultades de la gestión de residuos, optando por sistemas orientados a la recuperación y el reciclaje. Brasil, Argentina y Perú cuentan con políticas públicas que promueven la minimización de residuos.

En Brasil, existe una Política Nacional de Residuos Sólidos, que tiene como objetivo la protección de la Salud Pública y Calidad Ambiental, además de otorgar a los municipios la capacidad de contratar a cooperativas de catadores (recicladores de base) que se encuentra agrupados y organizados en el territorio, para que se encarguen del retiro de los residuos reciclables domiciliarios.

Esta forma de organizar la recolección, permite disminuir los residuos que llegan a rellenos sanitarios y vertederos, promueve la separación en origen por parte de la comunidad y mejora las condiciones laborales y económicas de los recicladores, además de dignificar y visibilizar positivamente su rol.

Paralelamente, en Uruguay, a fines de 2004, se promulgó la Ley 17.849 Uso de Envases no Retornables y su respectivo reglamente durante 2005. La Ley y el reglamento se basan en el principio de la Responsabilidad Extendida al Productor, lo que se traduce en exigir al fabricante/importador, la necesidad de contar con un plan de gestión para los residuos de envases post-consumo de sus productos dispuestos en el mercado nacional.

Además, en el reglamento se incorpora la inclusión de los recicladores de base. En países como Brasil, Colombia o Uruguay algunas empresas se han agrupado con el propósito de aumentar las tasas de reciclaje,  facilitando e impulsando modelos  de innovación a nivel nacional y regional. Esta asociación formalizada como CEMPRE  (Compromiso Empresarial para el Reciclaje), incluye empresas como Unilever, Coca Cola, Pepsico, entre otras, permite articular a diversas empresas que son parte de la cadena de valor del reciclaje en objetivos en común, alineando estrategias para aumentar las tasas de reciclaje, incidir en políticas públicas y generar conocimientos y una cultura que promueva el reciclaje.

La incorporación de los recicladores de base a los sistemas de reciclaje es una oportunidad, pues se aborda la problemática desde un foco socioambiental: se incrementa el ingreso de los recicladores, aumentan las tasas de reciclaje, se promueve una cultura en torno a la minimización de residuos y se reduce el daño al medioambiente, al disminuir los residuos en los rellenos sanitarios o vertederos, lo que contribuiría a reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, tan requerido por la OCDE y que no dejará de ser un tema cada vez más importante.

Ahora bien, tampoco debemos pensar que en Chile no nada pasa. En estos momentos se llevan a cabo dos iniciativas que las lidera el Ministerio de Medio Ambiente y que han incorporado en su diseño a diversos actores públicos y privados.

El primero es la elaboración de una política de inclusión de los recicladores de base; y el segundo, consiste en la propuesta de una Ley de Residuos, la cual se encuentra en proceso de discusión desde hace algunos años, y que tras la caída de los impuestos verdes -que formarían parte de la Reforma Tributaria- el Ministerio la discute con diversos actores: empresas generadoras, empresas recicladoras, recicladores de base y organizaciones de la sociedad civil, entre otros.

Las estrategias mencionadas entregan luces sobre la complementariedad necesaria para generar políticas integrales que aborden un tema complejo que requiere diversas perspectivas técnicas, políticas y económicas para encontrar respuestas sustentables.

Es urgente seguir trabajando en la elaboración de políticas públicas que integren procesos consultivos, la articular de los actores de la cadena de valor del reciclaje, la incorporar de los recicladores de base en la gestión local de residuos y destinar recursos de inversión para infraestructura, investigación y difusión, lo que garantice un aumento significativo de las tasas de reciclaje y minimización de residuos.