Chile: “Ley corta” de residuos, da igual si la ciudadanía no es responsable

Pese a que desde hace algunos años, hablar de reciclaje ya no es un tema desconocido en la sociedad chilena, una importante parte de los chilenos considera que su responsabilidad con los residuos generados llega hasta que dejan su bolsa o contenedor de basura afuera de sus hogares. Poco importa su destino o los impactos que podría generar, lo importante es que está fuera de la vista y del hogar.

Esta situación habla de una profunda falta de información y educación por parte de la comunidad sobre los impactos que sus residuos generan. Lo anterior no deja de sonar irónico, considerando que dentro de las líneas de acción de la Política Integral de Residuos chilena, se hace especial hincapié a la importancia que tiene la “promoción de la educación ambiental y la participación ciudadana para lograr niveles adecuados de conciencia de la ciudadanía en relación al manejo de residuos”.

Si bien es cierto, existen ciudadanos que entienden el reciclaje y la separación en origen de sus residuos como un DEBER y organizan todo en función de aquello, la tarea no es fácil porque existen una serie de obstáculos que terminan por desmotivar a los aventurados. ¿A qué me refiero con obstáculos?, principalmente la escasa información y para qué hablar de las pocas opciones de reciclaje existentes en nuestro país.

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Precisamente aquí pensamos, ¿qué va primero?, ¿el cambio de mentalidad en las comunidades y la responsabilidad que a todos nos compete o la existencia de una regulación que oriente el desarrollo hacia políticas de reciclaje y que, por tanto, termine encausando la formación de la ciudadanía hacia conductas sostenibles?

Posiblemente sea un poco de ambas. Clara es la falta de una institucionalidad. Ni los gobiernos locales, ni los actores de la cadena de reciclaje han sido capaces de alinearse para establecer  alternativas sustentables, eficientes y efectivas en post de aumentar las tasas de reciclaje. Ello, sumado a que los gobiernos locales no cuentan con los recursos necesarios para asumir el manejo integral de sus residuos. Lamentablemente la situación sólo nos lleva a pensar que el Estado no se ha comprometido completamente con estos temas. Esto queda de manifiesto en una serie de decisiones que no tienen por finalidad abordar la problemática de fondo. Así por ejemplo, el Ejecutivo está trabajando en la elaboración de una propuesta orientada sólo a aquellos aspectos relacionados con la Responsabilidad Extendida al Productor y no a una política de reciclaje. Dado su reducido campo de acción, la llamada “Ley corta” no logrará entregar un marco general de la forma en que se debiera abordar la gestión integral de los residuos, principalmente a nivel municipal.

¿Qué se puede hacer frente a este panorama? Una alternativa es exigir que desde las autoridades y los privados, se asuma este tema como una prioridad y otra opción, igual de relevante y quizás más importante, es que nosotros asumamos una posición más activa y nos informemos en los municipios sobre lo que se está haciendo en estas materias y tomemos acciones concretas, ya basta de buscar excusas, el bienestar de nuestro país  es tareas de todos.