Lucro y usura en el agua en Chile

Diversos autores sostienen que el conflicto geopolítico más importante del siglo XXI será la lucha por la propiedad del agua, a nivel mundial la lucha se libra entre quienes sostienen que el agua debe ser un bien de capital al servicio de los “emprendimientos económicos”, y aquellos que luchan por recuperar el carácter público de las aguas, y consagrarlas como un derecho humano esencial e irrenunciable.

En Chile, el agua,  un bien natural indispensable para la vida de las personas, pero también imprescindible para la vida de los vegetales, el funcionamiento de los ecosistemas y el desarrollo de las economías locales, se encuentra al arbitrio de las leyes del mercado.

La privatización del agua data desde el año 1981, ya que es en plena Dictadura cuando se formula el código de aguas, código que transforma el agua en un bien de capital, especulativo y lucrativo, este modelo de lucro y usura con el agua fue profundizado por la Concertación, en particular el año 1997, cuando bajo la administración de Frei Ruiz-Tagle se privatiza la provisión de agua de bebida para la población, y donde además se suscribe el tratado binacional minero con Argentina, entregándole las nacientes de nuestras cuencas a las transnacionales de la gran minería.

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La lucha por la recuperación del agua se extiende a los largo de todo el territorio, enfrenta a las comunidades con la  megaminería, la agroindustria, las agroexportadoras, forestales e hidroeléctricas, y a propósito de la privatización de las sanitarias, hoy pagamos las tarifas más altas de América Latina por consumir agua que en vastos sectores es de dudosa calidad.

A lo anterior hay que sumarle una institucionalidad hídrica cooptada por el “negocio del agua”, incapaz de administrar de manera racional, eficiente y democrática, el mal llamado “recurso hídrico”, concepto asociado a prácticas netamente extractivistas,  las prácticas de usurpación de aguas no conocen de sanciones reales, al fin y al cabo, los que usurpan agua pagan sanciones irrisorias, que les permiten continuar con esta práctica que atenta contra la vida de las mayorías sencillas de la población.

Ad portas de la elección presidencial se da a conocer la propuesta en materia de aguas de la eufemística “nueva mayoría”, la que sostiene que en los primeros 100 días de Gobierno, nombrara un Delegado presidencial para los recursos hídricos, con dedicación exclusiva, a fin de identificar y avanzar en soluciones a la escasez de agua en el país, del mismo modo, el programa de Bachelet plantea avanzar en la normativa que “haga posible” la figura de recursos hídricos con fines sociales, modificar la normativa de los acuíferos sobre-otorgados, y en el caso de acuíferos con baja recarga pero con “gran volumen almacenado”, definirán volúmenes de agua que se puedan extraer en plazos determinados sin generar efectos ambientales adversos.

Terminar con el lucro con el agua, recuperar la propiedad colectiva y la gestión comunitaria, el agua como bien público y derecho humano, deconstruir la institucionalidad hídrica, formular leyes de protección para ambientes fragilizados, concretamente una ley de protección de glaciares, todas y cada una de estas demandas, que nacieron en torno a la lucha por el agua, son demandas olvidadas por la “nueva mayoría”, su delegado presidencial es como si la lucha por el agua no existiera, y nos remonta a los manoseados diagnósticos, a la política de lo posible, en circunstancias que lo que verdaderamente subyace en el programa de gobierno de Bachelet en materia de aguas, es cautelar los intereses de los empresarios, por encima de las comunidades y los territorios, normativas más, normativas menos, el lucro y la usura con el agua será un axioma de la Nueva Mayoría.