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El obsoleto Código de Aguas chileno

Los diputados están tratando de modificar el proyecto para que el recurso no escasee ni sea utilizado en forma errónea por privados.

Mientras la mayoría del país está atento a las próximas elecciones, nadie se ha puesto a pensar en las propuestas que las candidatas a la presidencia harán con respecto a nuestro escaso recurso: el agua.

Según Michelle Bachelet, en sus primeros 100 días de gobierno nombrará un delegado de Recursos Hídricos que cumpla con la misión de avanzar e identificar las razones de escases de agua, contaminación y otros, ya que en este ámbito se ha vuelto insuficiente y poco valorado el código de aguas que nuestro país tiene ya desde la década del 80´. En cambio, Evelyn Matthei, declara que “hay suficiente agua y no hay escasez, mencionando que la propuesta que tienen es seguir desarrollando el plan nacional de embalses para destinar agua a la agricultura”.

El Código de Aguas en Chile,  que se implementa desde el año 1981, reconoce que el agua es un bien público y un bien económico, pero que debe establecer un modelo de gestión bajo los criterios de oferta y demanda en el mercado. Se han realizado un sin número de esfuerzos para presentar proyectos que modifiquen la Constitución política y el Código, en la cual en agosto de este año, se logró, creando una comisión permanente en la cámara de diputados sobre Recursos Hídricos, Desertificación y sequías.

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Es preciso entonces que el país deba realizar cambios normativos para enfrentar los desafíos que implica asegurar el agua para todos. Lamentablemente, en Chile, el mal uso de los recursos hídricos, además que el código es demasiado permisivo, dan pié a que los empresarios se aprovechen del recurso y lo utilicen a destajo.

El caso más escandaloso en donde empresarios utilizaron recursos hídricos fue el del Radal Siete Tazas. Este lugar poseía siete caídas de agua, la cual se secó, responsabilizando al terremoto de 8.8 que nos afecto en 2010. Sin embargo, se descubrió que el empresario José Iracheta Cartes, desvió las aguas a su propiedad en el fundo El Guanaco.

Para Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), el tema más relevante es la priorización de los usos: “Al no estar establecidas las prioridades, lo que ha ocurrido es que se entregan los derechos de aprovechamiento al mercado y opera la ley del más fuerte. En este caso, la propiedad se ha concentrado en las empresas mineras, hidroeléctricas y de la agroindustria, en desmedro de la agricultura e, incluso, del abastecimiento para grandes zonas urbanas, como en el caso de Copiapó”, dijo.

El proyecto que se estudia en el parlamento

Por todo lo anterior, el proyecto modifica el Código de Aguas, con el objetivo de dar relevancia en el marco normativo al uso de las aguas de acuerdo a su destino, estableciendo límites para su transferencia, en virtud de la importancia que reviste el recurso hídrico para el consumo humano y la producción agrícola.

La discusión particular del proyecto de ley sigue en pie, y se inició en la moción de los diputados Alejandra Sepúlveda, Andrea Molina, Enrique Accorsi, Alfonso De Urresti, Enrique Jaramillo, Roberto León, Fernando Meza, Leopoldo Pérez, Guillermo Teillier y Patricio Vallespín.

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