En un mundo ideal, el gobierno sería el encargado de proteger los derechos de su pueblo y la integridad de su territorio. Debería ser el primero en defender a su gente y lo que le pertenece. Tendría la obligación de procurar una explotación de recursos adecuada, que los beneficie económicamente pero que guarde el respeto a la tierra que le da de comer a sus ciudadanos.
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Sabemos que el mundo real no es así, que el gobierno es el primero en explotar los recursos de un país sin importar lo que el pueblo tenga que pasar para ello, que el beneficio económico está por encima de sus derechos y si para lograrlo necesitan coartar la libertad de expresión de sus ciudadanos lo harán, incluso otorgar a la policía el derecho de atacarlos. Al menos este es el mundo real en Perú.
Desde el conflicto ocurrido en junio de 2009 en el que al menos 10 personas murieron entre indígenas y civiles, 200 más resultaron heridas y 11 policías murieran después de ser tomados como rehenes, 50 de los manifestantes están siendo juzgados por la tragedia ocurrida en esa fecha por los cargos de homicidio y rebelión.
Lo que en realidad sucedió es que un grupo de personas, principalmente indígenas Awanjús y Wampis se manifestaban pacíficamente al norte de Perú por una serie de leyes que perseguían cumplir un acuerdo comercial entre su país y Estados Unidos por lo que fue fácil para las industria explotar los recursos naturales en el territorio. Los manifestantes bloquearon una carretera cercana al pueblo de Bagua, pero el acuerdo de disolver la protesta y marcharse se adelantó y la policía, para acabar con ella abrió fuego contra ellos.
Lo grave del caso es que además de las personas que son juzgadas mientras nadie juzga al gobierno ni a la policía que dieron la orden de disparar contra estas personas provocando la muerte de otras tantas, una nueva ley se ha aprobado en enero de este año.
Con la ley No. 30151, los miembros de la fuerza armada y la policía nacional estarán exentos de cualquier responsabilidad penal en caso de lesionar o causar la muerte a cualquier civil incluso mediante el uso de armas de fuego. Esto tanto en Perú como en el resto del mundo significa una licencia para matar y es una ley que no protege a nadie.
Lo que le espera en Perú a un activista ambiental que luche por los derechos fundamentales de la naturaleza y las personas es agresión, amenazas de muerte, vigilancia física y electrónica, si llegara más allá, podría ser herido o podrían matarle sin que alguien se haga responsable de su muerte. Si no muere, seguro podrá enfrentar cargos por terrorismo, rebelión y violencia.
Sean sentenciados o no las personas que están pasando por un proceso jurídico o no, lo absurdo de esta ley es lo que de verdad debería juzgarse, alguien tiene que recordarle al gobierno que primero están los derechos de las personas antes que cualquier acuerdo comercial, y que ellos tienen derecho a defender su tierra y alzar la voz con seguridad.
