Gobierno versus comunidades: el tira y afloja por el fracking en España

Hace unos días el Congreso español aprobó una reforma a la Ley del Sector de Hidrocarburos que fue enviado a las Cortes para su tramitación. Ésta consiste en la implantación de impuestos a las empresas que extraigan gas y petróleo, luego, parte de la recaudación iría a las comunidades, ayuntamientos y propietarios de los terrenos donde se efectúen los trabajos.

Este intento del gobierno por impulsar la explotación de hidrocarburos a través de la controversial técnica de fracking está generando gran tensión en las regiones de España. La comunidades de Cantabria, La Rioja, Navarra y Cataluña, por ejemplo, han cambiado su legislación para vetar la técnica, sin embargo, el parlamento ha anulado o paralizado cautelarmente esas normas antifracking a petición del Estado.

Balares fue otra de las regiones que reaccionó de inmediato a la medida del Gobierno. Su ejecutivo, Núria Riera, manifestó a El País: “Que procuren parar las prospecciones petrolíferas, que en Baleares no las queremos“, subrayando que tanto el Gobierno balear como los ciudadanos de las islas quieren desarrollar un “turismo sostenible” y conservar “la tierra y el paisaje”.

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Igualmente en Canarias se ha levantado gran polémica. Con la nueva reforma de impuestos esta zona podría recibir entre 300 y 400 millones si Repsol encuentra petróleo y decide explotarlo. Sin embargo, ciudadanos y el Gobierno de Canarias han manifestado su oposición tajantemente, señalando públicamente que “las islas no están en venta, ni siquiera en alquiler“. El Ejecutivo canario ya llegado incluso a tribunales, pero sin éxito, pues el Tribunal Supremo y el Superior de Justicia de Canarias han respaldado las autorizaciones que el Estado ha otorgado a Repsol.

Pese a los bloqueos de las autoridades, aún hay opciones para las comunidades, ya que varios de los permisos que necesitan las empresas pasan por los municipios. Este fue el caso de Andalucía, donde la semana pasada el gobierno local logró, con ayuda de los partidos PSOE e IU, que el Congreso aprobara la elaboración de una norma específica que fije una moratoria de dos años, prorrogables, para prohibir esta técnica durante ese tiempo.