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Corte brasileña detiene construcción de represa en Belo Monte

La hidroeléctrica -que sería la tercera más grande del mundo- enfrenta a las comunidades indígenas de la amazonía contra los planes desarrollistas de la Presidenta Dilma Rousseff.

La hidroeléctrica -que sería la tercera más grande del mundo- enfrenta a las comunidades indígenas de la Amazonía contra los planes desarrollistas de la Presidenta Dilma Rousseff.

Luego de un largo litigio, la Quinta Sala del Tribunal Federal de la Primera Región, con sede en Brasilia, decidió revocar la licencia de obra de la megaempresa que se proyecta en el cause del río Xingú, uno de los mayores afluentes del río Amazonas. De concretarse esta obra, el embalse inundaría cientos de kilómetros de la selva pertenecientes a pueblos originarios de la Amazonía, quienes se han manifestado fuertemente en contra del proyecto que arrebataría sus tierras.

Esta sentencia es un gran golpe a los planes desarrollistas del gobierno de la presidenta Rousseff, cuya piedra angular es el llamado “Plan de Aceleración Económica” (PAC), que no ha logrado cumplir el desafío histórico del gobierno brasileño: un desarrollo económico sustentable con los derechos indígenas plasmados en la constitución carioca.

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A pesar del fallo, fuentes en la zona de Altamira, donde ya se están realizando trabajos, han constatado que la construcción sigue su curso normal. Por su parte, Norte Energía, la empresa a cargo de las obras, afirma no haber sido notificada aún del fallo del tribunal. Parte de la sentencia indica que de no acatar el fallo, la empresa deberá cancelar 500 mil reales brasileños diarios, aproximadamente 250 mil dólares.

La decisión de paralizar las obras se ampara en las irregularidades descubiertas en torno a la aprobación de la obra en el año 2005; la constitución brasileña obliga a consultar a las comunidades indígenas antes de aprobar cualquier proyecto en la selva amazónica, sin embargo, en este caso dicho proceso fue realizado con posterioridad a la aprobación de la obra. La decisión de la Corte brasileña también se apoya en el artículo 231 de la Constitución, que establece una protección especial para los indígenas, sus tierras, historia y costumbres.

De esta forma, este fallo se convierte en una victoria sin precedentes para las organizaciones ambientalistas y los pueblos indígenas

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